En esta entrevista, Magdalena Donoso, Coordinadora regional de GAIA en América Latina y el Caribe, e integrante del Directorio de Fundación El Árbol, analiza los impactos de la crisis ambiental en la región y las acciones que empresas, instituciones y ciudadanos pueden impulsar para frenar la regresión y el negacionismo ambiental.
Magdalena también aborda el importante rol de las comunidades organizadas, la educación ambiental y cómo fortalecer economías locales justas y sostenibles para enfrentar la crisis climática.
¿Qué impactos ambientales, a nivel macro y en la vida cotidiana, ya estamos viendo en Latinoamérica producto de la crisis ambiental?
América Latina y el Caribe es una región muy vulnerable y expuesta al cambio climático. Los niveles de impacto que sufre la región los podemos ver en múltiples dimensiones y eso es una característica de la región que se agrava por los índices de pobreza, marginalidad e inequidad del continente.
Hemos visto desde hace años que la región está expuesta a eventos extremos climáticos, que son cada vez más frecuentes e intensos, y ocurren en una región que no cuenta ni tiene las condiciones para enfrentarlos. Las olas de calor, sequías, las inundaciones, causan pérdidas gigantescas en múltiples niveles, a nivel de infraestructura, pero también a nivel de la biodiversidad y con eso una degradación permanente de los sistemas de vida que existen en la naturaleza y que nos proveen de lo que necesitamos los seres humanos para existir.
Entonces esas crisis, producto de la crisis ambiental, escalan de forma muy descontrolada porque no contamos con sistemas que permitan mitigar esos impactos.
Pero también nos encontramos con una cuestión más estructural, que tiene relación con el porqué de esos impactos ambientales. Esos impactos ambientales se relacionan con que en esta región se practica el extractivismo de manera brutal. Todo el mundo ve nuestra región como una región donde existen recursos naturales tremendamente valiosos, pero que son valiosos para perpetuar un modelo de consumo imposible de sostener en el tiempo sin generar más destrucción. Cuando hablamos de la minería, de la extracción del litio para producir baterías que alimentan la necesidad de energía para mantener nuestro sistema funcionando, cada vez que hablamos de eso, estamos poniendo la vista en nuestra región. Y eso trae consecuencias tremendas, brutales, porque no contamos con los sistemas para detener esos procesos.
Hoy nos encontramos además con un modelo exacerbado de regresión ambiental, que también alimenta esa crisis, y entonces ocurre ahí que el marco y contexto político no contribuye a detener esos impactos ambientales y esas crisis. Ese es el análisis general que podemos hacer sobre lo que está pasando en nuestra región.
¿Qué acciones concretas se pueden impulsar desde las empresas, instituciones y ciudadanía para reducir residuos y emisiones en el continente?
Esa es una pregunta amplia, porque cuando hablamos de emisiones hablamos de muchos sistemas de producción que crean el fenómeno del cambio climático a nivel global.
Uno de los elementos asociados a las emisiones es el tema de los residuos, que por otro lado genera múltiples impactos.
Pero pensando en las acciones concretas, para impulsar de parte de estos tres estamentos, hay que decir que los niveles de responsabilidad son muy diferentes. Es muy distinto señalar e identificar el nivel de responsabilidad que tiene una empresa en sus impactos ambientales, principalmente en las grandes corporaciones, que tienen muchísimos recursos, y podrían hacer las cosas muchísimo mejor de lo que lo están haciendo ahora. Por otra parte están las instituciones que son las encargadas de velar por el bien común. Y también nos encontramos con que hay tremendas deficiencias y falta de voluntad política para promover acciones que protejan el ambiente y las personas, y eso dice relación con una visión del modelo de desarrollo que es muy equivocada, y que no nos permite avanzar de manera decidida en una dirección que nos permita tener las regulaciones adecuadas y necesarias y urgentes para la protección del medioambiente y de las personas. Y finalmente, cuando hablamos de ciudadanía, la ciudadanía puede tomar acciones concretas, hay un nivel de responsabilidad, pero la verdad se ha visto por décadas sometida a una propaganda y un marketing que nos ha llevado a entender la satisfacción humana y felicidad como un espacio conectado con el consumo. Y cuando eso ocurre, entonces distorsionamos la idea y sentido de la felicidad y nuestra relación y vínculo con la naturaleza que nos provee de lo que necesitamos para vivir, convirtiéndola en un sujeto ajeno a nosotros desde donde extraemos cosas para nuestra satisfacción. El ciudadano que aparece como no responsable de las acciones concretas, en realidad está sujeto a esa presión, y a pesar de eso son los ciudadanos, y siguen siendo los ciudadanos, quienes impulsan los cambios que instituciones y empresas se ven presionados e impulsados a implementar.
Dicho eso, en términos de acciones concretas, hay una cuestión fundamental, y es que existe una brecha muy grande relacionada con la implementación de sistemas que permitan acciones concretas de cuidado del medioambiente. Podemos tener legislaciones adecuadas, pero si no tenemos los recursos y financiamiento para implementar lo que esas legislaciones mandatan, estamos de manos muy atadas. Por eso necesitamos regulaciones y normativas que protejan nuestro medioambiente y la capacidad de implementar, monitorear y fiscalizar que esas medidas se lleven a cabo.
Aquí entra esa dimensión de financiamiento importante, porque para asegurarnos que aquello que impulsamos esté ocurriendo, necesitamos recursos. Y por otra parte, las empresas tienen un inmenso poder, hacen un lobby gigantesco para que las legislaciones que limitan y controlan sus sistemas de producción para hacerlos más sostenibles, no prosperen. Entonces hay una responsabilidad ética de las empresas y corporaciones que debemos seguir impulsando.
Pero en realidad la historia nos ha demostrado que la única manera que ocurra es contar con una legislación y normativa fuerte que podamos implementar. Y la ciudadanía tiene todo por hacer. Somos los ciudadanos, las comunidades quienes impulsamos los cambios y serán posibles si se ejercen las presiones necesarias para que eso ocurra. Eso corre también para el tema de los residuos, que es una dimensión más de la crisis ambiental.
¿Cómo podemos fortalecer economías locales más justas y sostenibles frente a la crisis ambiental?
En un planeta globalizado y con economías centralizadas, una herramienta de lucha, de confrontación a ese modelo, es el fortalecimiento de la economías locales. Pero deben ser justas y sostenibles.
Es super importante señalar que las pymes son un motor fundamental super importante en el país y la región, y sin embargo es frecuente que les cueste mucho mantenerse funcionando. Y es en ese espacio, en esa dimensión donde aparecen mucho más probables las opciones de fortalecer economías justas.
Cuando hablamos de la crisis de los residuos, de la generación de los residuos y de su manejo, nos instalamos en esta idea de buscar soluciones. La estrategia de Basura Cero aparece como una estrategia que tiene ese carácter. No se concibe si no es de la mano y con la participación de la comunidad. Y hacerse parte de eso tiene muchas dimensiones, y una de ellas es la economía local: las cooperativas de recicladores, que son actores centrales en la recuperación de materiales; sistemas super diversos de compostaje, promovidos por municipalidades pero pueden complementarse con sistemas que están funcionando en expresiones de la economía local; redes de intercambio que pueden generar ingresos; y todas las dimensiones que aparecen hoy sobre talleres de reparación, la recuperación de materiales para la reutilización, ferias de las pulgas y otros. Son espacios de economías locales que pueden ser promovidos y formalizados, para volverlos sistemas justos y donde esos actores sean reconocidos adecuadamente.
Para que todo eso ocurra, de nuevo, debemos hablar de la política pública. Una política pública que incentive estas prácticas puede generar condiciones para que las personas puedan participar activamente de esa economía local. En las economías locales, si tienen este carácter de justicia y sostenibilidad, no van a contribuir a la crisis ambiental.
¿Qué rol cumplen las comunidades organizadas en la protección del medioambiente?
Las comunidades cuando se organizan para proteger el medioambiente traen a la conversación una dimensión que muy frecuentemente está ausente en la conversación institucional y más ausente aun en la conversación de las empresas del sector privado.
Un rol que cumplen super relevante es traer esa voz de la conciencia ambiental a la discusión.
Todo lo que las comunidades puedan hacer para impulsar un cambio en la narrativa, en el establishment que existe hoy, va a ser una acción super concreta para avanzar en una agenda ambiental que proteja a nuestros ecosistemas y ambiente. Entonces ahí hay una cuestión básica.
Y luego las comunidades organizadas lo que hacen es pensar de manera creativa para que aquellas crisis en que nos encontramos sean enfrentadas desde un lugar distinto del establecido. Ahí la posibilidad de aplicar estas perspectivas sistémicas para encontrar soluciones más integrales a través de la incidencia política para que las normativas respondan a ese criterio, principio, es una cuestión que las comunidades organizadas hacen permanentemente.
Y finalmente hay una dimensión super concreta y es el hecho de que las comunidades cuando se organizan y toman conciencia de los problemas que genera la explotación de la naturaleza, las lleva a tomar acción. Tomar acción en su vida cotidiana, en sus decisiones, pero también para organizarse a nivel de sus barrios y comunidades para pedir justicia, para pedir reparación y para exigir que los cambios se produzcan cuando se están vulnerando los derechos de la personas y de la naturaleza.
¿Estamos educando y sensibilizando lo suficiente sobre cambio climático y cuidado ambiental?
Si es dirigida a las comunidades organizadas y personas que tienen conciencia respecto de la crisis ambiental y están tratando de impulsar un cambio de narrativa, diría que sí estamos haciendo ese esfuerzo de educar y sensibilizar.
Creo que a nivel general eso no está ocurriendo. Hay un negacionismo brutal en nuestros países de América Latina, y a nivel mundial también, que nos lleva en un punto a no reconocer institucionalmente el cambio climático, y nos encontramos con todas estas políticas de regresión ambiental que no nos permiten avanzar, sino retroceder en la protección del ambiente y del cuidado de la salud humana. Entonces en términos del sistema que nos encontramos, creo que no estamos educando y sensibilizando.
Pero sí hay muchas personas y organizaciones que están trabajando en esa línea. Y para que ocurra, es súper relevante aprovechar los conocimientos locales, aprovecharlos, y que esos conocimientos puedan escalar para que los procesos de toma de decisiones los consideren.
Hay otra dimensión que ha vuelto a la mesa, que es el concepto de educación popular. Paulo Freire puso este concepto ante los ojos de todos, y se concibe y se entiende como una suerte de pedagogía crítica que rechaza la educación tradicional como la entendemos hoy, donde una persona deposita información en otra; y en lugar de ello promueve un diálogo horizontal donde el conocimiento se construye de manera colectiva,. Es importante que quienes trabajamos en temas ambientales volvamos a trabajar y promover talleres de educación, de sensibilización, de reflexión. Y no quedarnos conversando entre nosotros, sino llegar a lugares donde hay personas comunes y corrientes que no necesariamente tienen el tema ambiental como central. Sentarnos a conversar sobre estas materias y relevar como los impactos ambientales afectan nuestra calidad de vida, la salud de nuestras familias. Ser capaces de sentarnos con otros y co construir el conocimiento es una herramienta poderosa que debemos seguir promoviendo.
¿Qué compromiso concreto podemos asumir este Día Mundial del Medioambiente para aportar a la acción climática?
Como ciudadanos es relevante no permanecer indiferentes a la desafiante realidad en que nos encontramos, donde las políticas de regresión ambiental están a la orden del día, el negacionismo, muy frecuentemente y más de lo que quisiéramos, se toma la agenda, y el financiamiento para el cuidado del medioambiente se debilita.
Ante esa realidad, como ciudadanos lo que tenemos que hacer para no ver vulnerados los derechos de la naturaleza y de los seres humanos de vivir en un ambiente libre de contaminación, es permanecer informados. Debemos enterarnos de las medidas que están tomando nuestros gobiernos para la protección del medioambiente o para su vulneración.
Y cuando veamos vulnerados estos derechos, que estamos viendo de manera cada vez más dominante hoy, viene la siguiente acción que es levantar la voz, exigir el derecho que nos da la constitución de vivir en un ambiente sano.
Y no es solo repostear noticias. Es involucrarnos en acciones a nivel barrial o nacional. No importa a qué nivel, lo que importa es que nos hagamos parte de las resistencias para que ese retroceso ambiental se detenga.
El planeta ya no tiene tiempo para seguir esperando. Los seres vivos que lo habitamos tampoco tenemos tiempo, las acciones deben ocurrir hoy y las transformaciones siempre han iniciado o han nacido desde la acción comunitaria.
En el Día Mundial del Medioambiente necesitamos información para la acción.
English version
#WorldEnviromentDay / Magdalena Donoso, Regional Coordinator of GAIA in Latin America and the Caribbean: “We need knowledge that leads to action”.
In this interview, Magdalena Donoso, Regional Coordinator of GAIA in Latin America and the Caribbean and a member of the Board of Fundación El Árbol, examines the impacts of the environmental crisis in the region and the actions that businesses, institutions, and citizens can take to halt environmental backsliding and denialism.
She also addresses the important role of organized communities, environmental education, and how to strengthen fair and sustainable local economies to confront the climate crisis.
What environmental impacts, at both macro and everyday levels, are we already seeing in Latin America due to the environmental crisis?
Latin America and the Caribbean is a highly vulnerable region, exposed to climate change. The level of impacts in the region can be seen across multiple dimensions, which is exacerbated by poverty, marginalization, and inequality.
For years, the region has been exposed to extreme weather events, which are becoming increasingly frequent and severe, in a context that lacks the capacity to cope with them. Heatwaves, droughts, and floods cause enormous losses—not only to infrastructure but also to biodiversity—resulting in permanent degradation of the natural systems that provide humans with essential resources. These crises escalate uncontrollably because we lack systems to mitigate these impacts.
There is also a more structural issue related to the root causes of these environmental impacts. These impacts are connected to the brutal extractivism practiced in the region. Latin America is seen as a land of highly valuable natural resources, but these resources often serve to perpetuate a consumption model that is unsustainable and destructive. Mining, lithium extraction for batteries, and energy production all illustrate this dynamic. The consequences are severe and brutal, particularly because there are no mechanisms to halt these processes.
Today, we are also facing an intensified model of environmental backsliding, which feeds into this crisis. The political framework and context do little to prevent these environmental impacts and crises. This is the general analysis of what is happening in our region.
What concrete actions can businesses, institutions, and citizens take to reduce waste and emissions across the continent?
This is a broad question, because emissions come from numerous production systems contributing to global climate change. Waste is closely linked to emissions and generates multiple additional impacts.
When it comes to concrete actions, the level of responsibility varies significantly. It is very different to assess the responsibility of a corporation, which often has extensive resources and could do much more, compared to institutions tasked with safeguarding the public good. Institutions often lack political will to implement protective measures, reflecting a flawed development model that hinders progress and the establishment of urgent environmental regulations.
Citizens also have a responsibility to take action, although for decades, propaganda and marketing have distorted our understanding of happiness, tying it to consumption. Despite this, citizens remain the drivers of change, pressuring institutions and companies to implement sustainable practices.
Concretely, there is a significant gap related to the implementation of systems that enable concrete environmental protection actions. We may have adequate legislation, but if we lack the resources and funding to implement what those laws mandate, our hands are tied. That is why we need regulations and frameworks that protect our environment, along with the capacity to implement, monitor, and enforce these measures.
Funding is critical, as is ethical responsibility from companies, which often lobby against legislation that would make their production systems more sustainable. History shows that meaningful change requires strong laws and citizen pressure. This is equally true for waste management, a key dimension of the environmental crisis.
How can we strengthen fair and sustainable local economies in the face of the environmental crisis?
In a globalized world with centralized economies, one tool to challenge this model is to strengthen local economies—provided they are fair and sustainable.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are vital engines for countries and regions, yet they often struggle to survive. This is where opportunities to strengthen fair local economies become more likely.
Regarding waste generation and management, the Zero Waste strategy emerges as an approach with this focus. It only works when communities participate actively. Local economies play a central role: recycling cooperatives recover materials, municipal composting systems can complement existing local initiatives, and exchange networks generate income. Repair workshops, material reuse, flea markets, and other local economic spaces can be promoted and formalized, creating fair systems where participants are recognized.
Public policy is essential. Policies that incentivize these practices create conditions for active participation. Local economies designed with fairness and sustainability in mind will not contribute to the environmental crisis.
What role do organized communities play in environmental protection?
Organized communities introduce a dimension often missing from institutional discussions and private-sector dialogues: the voice of environmental consciousness.
Everything communities do to shift narratives and influence the existing establishment contributes concretely to advancing an environmental agenda that protects ecosystems. Organized communities think creatively, applying systemic perspectives to address crises differently and advocating for political and regulatory solutions aligned with environmental principles.
When communities organize and become aware of the problems caused by the exploitation of nature, it leads them to take action—both in their daily lives and in their personal decisions, as well as by organizing at the neighborhood and community level to demand justice, seek reparations, and ensure that changes occur when the rights of people and nature are being violated.
Are we educating and raising awareness sufficiently about climate change and environmental care?
When targeting organized communities and environmentally conscious individuals, yes, efforts are being made to educate and raise awareness.
However, broadly speaking, this is not happening. Brutal denialism exists in Latin American countries and worldwide, preventing institutional recognition of climate change. Environmental backsliding policies hinder progress in protecting both the environment and human health.
Nonetheless, many organizations work to counteract this, leveraging local knowledge and scaling it to inform decision-making. The concept of popular education, as promoted by Paulo Freire, is key: it fosters horizontal dialogue and collective knowledge-building, as opposed to traditional top-down teaching. Environmental education should focus on participatory workshops, raising awareness of how environmental impacts affect quality of life and family health, and co-creating knowledge with the wider community.
What concrete commitment can we make this World Environment Day to contribute to climate action?
As citizens, we cannot afford to remain indifferent to the challenging reality we face: environmental rollback policies are becoming the norm, denialism too often dominates the agenda, and funding for environmental protection is weakening.
In response, our responsibility is to stay informed. We need to know what measures our governments are taking, whether to protect the environment or to undermine it. And when we witness these rights being violated—which is increasingly the case today—we must take the next step: raise our voices and demand the constitutional right to live in a healthy environment.
But it is not enough to simply repost news. We must engage in concrete actions, at the neighborhood or national level. The scale does not matter; what matters is joining the efforts that resist environmental backsliding.
The planet can no longer wait. Neither can the living beings that inhabit it. Action must happen today, and transformative change has always started from community action. On World Environment Day, we need knowledge that leads to action.